Según el Código de la Democracia, los partidos que no alcanzaron el 4% de los votos válidos u obtuvieron al menos tres asambleístas en las elecciones del domingo se enfrentan a una advertencia. 12 binomios no superaron ni el 1% de los votos.
POR: Juan Camilo Escobar
En Ecuador, la historia política parece atrapada en un bucle. Daniel Noboa y Luisa González volverán a enfrentarse en una segunda vuelta presidencial, como si el país no pudiera escapar de la pugna entre el presente y su propio pasado. Con más del 90% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma que el duelo se reeditará el 13 de abril, apenas un año y seis meses después de que Noboa derrotara a González en las elecciones anticipadas de 2023.
Pero esta vez, el margen es distinto. Noboa, el joven presidente que ascendió al poder en un momento de crisis política tras la “muerte cruzada”, busca la reelección con el 44,3% de los votos. González, la abanderada de la Revolución Ciudadana y heredera política de Rafael Correa —expresidente y prófugo de la justicia—, le pisa los talones con el 43,8%. La diferencia es mínima.
Más atrás, en un país donde el descontento indígena ha sido históricamente el motor de grandes movilizaciones —como las de octubre de 2019 y mayo de 2022—, Leonidas Iza, líder de la Conaie y candidato de Pachakutik, apenas alcanza el 5,26% de los votos. Su resultado refleja la fragmentación del movimiento indígena y la falta de un respaldo sólido que lo proyecte como una alternativa real de poder.
Andrea González Náder, activista ambiental y candidata por Sociedad Patriótica, aparece en cuarto lugar con el 2,7%. Su nombre resuena no tanto por su campaña ni por su postura anticorreísta en el debate presidencial obligatorio, sino por haber sido binomio de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue abatido a tiros el 9 de agosto de 2023. Ahora, su presencia en la contienda es un recordatorio de la violencia política que marcó aquellas elecciones.
El resto de los candidatos se desvanece: un grupo de 12 aspirantes rezagados —»colistas», en jerga deportiva para referirse a quienes ocupan los últimos lugares en una clasificación—, ninguno de los cuales logró superar el 1% de los votos.
Entre ellos, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, quien dirigió la Asamblea Nacional y ahora apenas cosecha un 0,7%. Más abajo, casi como una nota al pie de página en esta historia, está Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, con un imperceptible 0,12%.
Las organizaciones políticas que respaldaron a los 12 candidatos que no superaron el 1% de los votos enfrentan una incertidumbre de otra naturaleza: las posibles consecuencias legales y político-electorales de su escaso respaldo en las urnas.
¿Qué dice el Código de la Democracia?
Según el Artículo 223,1, los candidatos y partidos que hayan recibido financiamiento estatal a través del Fondo de Promoción Electoral deberán devolver el 50% de los recursos asignados si en una segunda elección no alcanzan al menos el 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista.
Además, el artículo 327 establece que el CNE podrá cancelar la inscripción de una organización política si un movimiento local no alcanza al menos el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas dentro de su jurisdicción.
El catedrático e investigador en derecho electoral Esteban Ron explicó que, según el Código de la Democracia, los resultados de las elecciones del domingo constituyen la primera de dos advertencias o «tarjetas amarillas» para 12 de las 16 organizaciones políticas que, en los comicios, no alcanzaron el 4% de la votación y obtuvieron menos de tres asambleístas.
En pocas palabras, Ron señaló que tres de las cuatro organizaciones que se libran de esta advertencia— Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik (Pk)— cumplen con el umbral del 4% de los votos. La cuarta, el PSC, no alcanzó dicho porcentaje, pero logró al menos tres asambleístas.
“Según las normas electorales, existen sólo dos opciones para evaluar a los movimientos y los umbrales electorales en las elecciones nacionales”, afirmó Ron. “La primera es obtener más del 4% de los votos válidos, umbral que sólo cumplen Revolución Ciudadana, ADN y Pachakutik. La segunda es tener al menos tres asambleístas, lo que permite al PSC quedar fuera del umbral, ya que alcanzó al menos tres asambleístas”.
Ron agregó que, conforme al Código de la Democracia, las organizaciones políticas que no cumplen estos mínimos ingresan en una «tarjeta amarilla».
“Ahora no se eliminan las organizaciones políticas, sino que quedan condicionadas para una segunda evaluación en las elecciones seccionales del 2027”, dijo Ron tras recordar que en las elecciones extraordinarias de 2023 no se aplicaron ni evaluaron estos umbrales de votación mínima.
LO QUE VIENE
En este contexto, el CNE tiene pendiente analizar no sólo las votaciones que alcanzaron las organizaciones políticas que respaldaron a los candidatos presidenciales, sino también a aquellos que compitieron por 151 escaños en la Asamblea Nacional. En esta categoría, se concentra la mayoría de la votación en las organizaciones que respaldaron a los dos candidatos que avanzan a la segunda vuelta electoral, Daniel Noboa y Luisa González.
Hasta el cierre de esta nota, el CNE no había emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo implementará estas normativas tras la proclamación de resultados. Esto deja en suspenso el futuro de los partidos y movimientos con bajo apoyo electoral.
En cualquier caso, la aplicación de estas normas del Código de la Democracia podría impactar en la dinámica política ecuatoriana, en especial a las organizaciones con escasa representación y condicionando su continuidad en el sistema electoral.
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